Juicios en trámite: muchos argentinos van a quedar "enmarañados" entre el viejo y el nuevo Código Civil
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Faltan sólo dos meses para que, en materia legal, los argentinos vean una de las transformaciones más importante de su historia, ya que desde el 1 de agosto cambiará totalmente la legislación civil y comercial con el nuevo Código unificado.
Su importancia radica en que la flamante norma -que consta de 2.671 artículos, divididos en seis libros- impactará en las relaciones de familia, desde la concepción de la persona hasta su muerte, pasando por el matrimonio, divorcio y uniones de hecho, así como también en las relaciones comerciales.
En sus títulos preliminares, el nuevo Código introduce, entre otras cuestiones, los criterios de interpretación de las leyes y el deber de resolver del juez.
El artículo 7 sienta el principio de irretroactividad de la ley, salvo que una norma establezca lo contrario. En concreto, establece que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes "se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Es decir, se aplicará el 1 de agosto de 2015 a dichas relaciones y situaciones jurídicas.
De acuerdo a los especialistas consultados por iProfesional, el tema más complejo radica en los juicios en trámite a la mencionada fecha.
La jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal Graciela Medina señaló que “hay personas que no se dan cuenta de la importancia del cambio, que es fundamental para la sociedad”.
Según los expertos, surgen varios interrogantes ante esa situación: ¿se les aplicará el nuevo Código o el derogado, ya que a la luz de este último se ha planteado el juicio? “No hay respuestas definitivas porque la ley no lo establece y la doctrina se encuentra dividida al respecto. Desde el ámbito judicial existen algunos primeros parámetros a tener en cuenta”, señala Leandro Merlo, abogado y docente en Derecho de Familia.
Sobre ese punto, Medina consideró que “el primer problema lo vamos a tener el 2 de agosto para determinar qué norma se aplica, la vieja o la nueva”.
Un ejemplo de esta conflictividad se dio en 1968, cuando entró en vigencia de la Ley 17.711 -que modificó sólo el 10% del articulado del Código Civil-, cuando se incrementó la litigiosidad.
Por eso consideran que si no se zanjan los interrogantes antes planteados, la aplicación de todo el nuevo Código Civil y Comercial, que sustituye a dos cuerpos normativos que en conjunto suman más de cuatro mil artículos, producirá ese mismo efecto, pero multiplicado al infinito.
Para Julio César Rivera, socio del estudio que lleva su apellido, “dejar esto para que lo resuelvan los jueces es de una espantosa irresponsabilidad”.
“Eso significa que los ciudadanos perderán tiempo e invertirán recursos en una discusiónque podría superarse si el Poder Legislativo pusiera manos a la obra y dictara una ley que resolviera cómo se aplica no sólo a los juicios en trámite, sino a las relaciones jurídicas en curso de ejecución”.
Ejemplos de una situación compleja
“El Código se aplicará tanto a las personas y su relación con las leyes, como a los vínculos jurídicos que establezcan entre sí esas personas”, explica Leandro Merlo. En este punto, ejemplificó con dos situaciones concretas:
• Una persona cumple 16 años el 1 de agosto de 2015. Automáticamente se le aplica el nuevo Código, que establece, por ejemplo que se lo considerará adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
• Dos personas que cumplan ese mismo día dos años de convivencia. En ese momento, ya se se le aplica el nuevo cuerpo normativo, que establece distintos derechos y obligaciones para los convivientes si mantienen la convivencia por más de dos años (deben cumplir además con otros requisitos que establece la norma).
Rivera da otro ejemplo: suponiendo un contrato por el cual el deudor se obligó a devolver un préstamo en cinco cuotas pagando una tasa de interés del 10%. Una ley sancionada cuando han vencido tres cuotas -de las cuales dos han sido pagadas y una está vencida pero no pagada- reduce los intereses al 6%: ¿cómo se aplica la nueva ley?
Hay varias respuestas posibles:
- Una solución extrema es no aplicarla a este préstamo, por estar constituido antes de la sanción de la ley que autoriza a pagar todas las obligaciones en moneda nacional.
“Este criterio no se ajustaría al artículo 7, pues esa norma no sería meramente supletoria de la voluntad de las partes", indicó el experto.
- Otra solución sería aplicar la nueva normativa a todo el contrato, incluso las cuotas ya pagadas; pero -de acuerdo al citado experto- esta solución no sería aceptada, pues la Corte Suprema entendería que afecta el derecho de propiedad constitucionalmente amparado.
- Otra posibilidad sería aplicarla también a la cuota vencida pero no pagada, en lo cual cabría reconocer retroactividad, porque la exigibilidad de la cuota ya se había producido antes de la sanción de la ley nueva.
- La cuarta y última sería aplicarla a las cuotas no vencidas. Ésta es la que -para Rivera- se adecua al nuevo artículo 7: efecto inmediato de la ley -aplicación a las consecuencias futuras- y, por ende, no retroactivo.
"Respecto los juicios en trámite con sentencia de primera instancia anterior a la mencionada fecha y sentencia de segunda o posterior instancia posterior a dicha fecha, una orientación parece darla un reciente fallo Plenario de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Trelew", consideró Merlo.
Hace poco tiempo, dicha cámara dictó el acuerdo 194 del cual resulta que “una vez dictada la sentencia de primera instancia en una causa bajo el régimen de los Códigos Civil y de Comercio hoy vigentes, en las sucesivas instancias judiciales habrá de revisarse esa sentencia a la luz de los mismos ordenamientos bajo cuyo amparo ella se dictó”.
Es decir, si el juicio se inició con el viejo Código y se dictó una primera sentencia bajo dichas normas, las instancias posteriores deben fallar con ese cuerpo normativo.
La integrante de la comisión redactora del anteproyecto de Código Civil, Aída Kemelmajer de Carlucci, atribuyó a la mencionada acordada una serie de errores.
Para la especialista, ese acuerdo “implica, en contra de lo dispuesto por el artículo 7 y sin bases normativas de ningún tipo que:
i) El Código Civil y Comercial no se aplique a los expedientes que se encuentran en las instancias superiores (Cámara de Apelaciones, por ejemplo) al momento de entrada en vigencia del nuevo código, postergando la aplicación inmediata sin bases legales.
ii) Consagrar la regla de la aplicación diferida del código civil después de su derogación”.
“Las llamadas normas de transición son una especie de tercera norma de carácter formal a intercalar entre las de dos momentos diferentes”, resaltó.
A través de ella, el juez aplica la ley que corresponde, aunque nadie se lo solicite, pues se trata de una cuestión de derecho, lo cual no impide que invite a las partes, si lo estima conveniente, a argumentar sobre cuál es la ley aplicable, si se trata de una cuestión dudosa.
Pero para Rivera “no es predicable que el Código Civil y Comercial resulte de aplicación inmediata a las causas judiciales en trámite”.
“Por el contrario, ello puede resultar en una afectación retroactiva de la relación procesal, en la violación de la garantía del debido proceso al vulnerarse el derecho de alegación y prueba; y concluir en una sentencia incongruente con lo pedido por las partes”, agregó.
“Respecto los juicios en trámite sin sentencia alguna al 1 de agosto, no hay aún sentencias de relevancia, o plenario alguno que eche alguna luz sobre la cuestión”, remarcó Merlo.
En lo concerniente a la actividad profesional, el experto señaló que algunos juzgados realizan a las partes “una férrea exhortación a conciliar temas vinculados al derecho de familia (especialmente divorcios contradictorios) advirtiéndosenos que de continuar el juicio (con demanda y contestación efectuadas, pero aún sin sentencia) el fallo dictada al ser necesariamente posterior al 1 de agosto sería dictada de acuerdo al nuevo Código”.
En otros casos, se intima a las partes para que manifiesten si encuadran o reorientan su pedido de acuerdo al nuevo Código o mantienen la postura de la demanda y contestación.
“Sería aconsejable que el poder legislativo dictara normas de transición o de aplicación temporaria que dieran certeza a las cuestiones planteadas, indicando concretamente qué norma será aplicable, para evitar el caos e incertidumbre jurídica que se generará si cada juez aplicara uno u otro de acuerdo a su criterio particular en cada caso concreto”, señaló Merlo.
Qué debería resolver el Congreso
Según lo explicó Rivera, “el Poder Legislativo debería resolver antes del 1 de agosto de 2015las siguientes cuestiones:
i) La adecuación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que el Código Civil y Comercial contiene disposiciones sobre proceso de familia, acción directa del acreedor, proceso sucesorio, declaración de capacidad restringida y, por su lado, el Código Procesal sigue hablando de juicio de declaración de demencia y no refleja los contenidos del derecho de fondo.
ii) Resolver sobre la jurisdicción mercantil (es una incógnita saber cuál será la competencia de los tribunales comerciales de la Capital Federal a partir del mencionado 1 de agosto).
iii) Adecuar algunas leyes al nuevo Código Civil y Comercial.
De esta manera, habrá que esperar para saber qué sucederá a partir del 1 de agosto.
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