sábado, 1 de mayo de 2021

ALIMENTOS - LOS ABUELOS DEBEN HACERSE CARGO

LOS ABUELOS DEBEN HACERSE CARGO DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIETOS

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, por mayoría, confirmó la sentencia que resolvió que los abuelos debían de hacerse cargo de la cuota alimentaria de la nieta, ya que el padre no cumplía con su obligación.


Tal como se detalla en la causa, la demanda de alimentos fue promovida en abril de 2015 por la madre contra el padre de la niña e hizo reserva de accionar contra los abuelos en caso de que el hombre no cumpliera. En octubre de ese año se lo condenó a abonar en concepto de alimentos definitivos el equivalente a medio salario mínimo vital y móvil vigente.

En septiembre de 2019 la madre acudió nuevamente a la justicia y pidió que se lo intimara a cumplir bajo apercibimiento legal; y en noviembre de ese año solicitó que se hiciera extensiva la demanda a los abuelos ante los reiterados incumplimientos. En ese marco, el juzgado de primera instancia promovió formalmente demanda de alimentos contra los “obligados paternos en subsidio”, confirmada luego por la Cámara.

La condena se basó, en parte, en que se comprobó que el padre de la pequeña aportaba un monto menor al fijado y teniendo en cuenta de que en estos casos era prioritario resguardar el interés superior de la niña se hizo responsable a los abuelos. 

A su turno, el STJ rechazó los agravios de los abuelos demandados y explicó que “se trataba de una obligación civil de base legal que deriva de la responsabilidad parental y encuentra su fundamento en el principio de solidaridad familiar recogida en el artículo 668 del Código Civil y Comercial”.

En ese marco, los jueces agregaron que la Convención de los Derechos del Niño “impuso el deber a “los padres u otras personas encargadas del niño” de proporcionar -dentro de sus posibilidades económicas- “las condiciones de vida que se reputen como necesarias para el desarrollo del niño”.

Eso implicaba reconocer el rol que actualmente desempeñan los abuelos en la dinámica familiar, marcado por su mayor presencia y una relación más intensa y continua con los nietos, y a la vez les impuso el deber de propender a su desarrollo integral, debiendo velar por el interés superior del niño, eje rector en materia de infancia y adolescencia

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lunes, 22 de marzo de 2021

COVID-19, enfermedad profesional ABOGADOLAPLATA

 

COVID-19, enfermedad profesional

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aprobó el procedimiento especial de actuación para la declaración del coronavirus como enfermedad profesional.




La medida fue tomada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia 39/2021, que consideró al coronavirus temporalmente como una presunta enfermedad de carácter profesional sobre la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Por un lado, se aprueban los requisitos para formular la denuncia de la enfermedad COVID-19 producida por el Coronavirus SARSCoV-2 Esto incluye estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (R.E.F.E.S.), con resultado positivo por coronavirus COVID-19, firmado obligatoriamente por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente.

 

En los casos de fallecimientos, además de las personas mencionadas, se encontrarán legitimados activamente para iniciar el trámite la A.R.T o el E.A.

 

En caso de que el trabajador no manifestara síntomas deberá acreditar la prestación efectiva de tareas durante una o más jornadas, fuera de su domicilio particular, entre los 3 y 14 días previos a la realización del estudio diagnóstico.

Por otro lado, regulariza el procedimiento ante la Comisión Médica Central para la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia. Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria y verificada la denuncia de la contingencia en el Registro de Enfermedades Profesionales, el trámite para la determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 podrá ser iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes o su apoderado/a.

En los casos de fallecimientos, además de las personas mencionadas, se encontrarán legitimados activamente para iniciar el trámite la A.R.T o el E.A.

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jueves, 11 de febrero de 2021

TRABAJADOR MAL DESPEDIDO DENUEVO A SU PUESTO

 Ordenan la reincorporación de un trabajador rural que fue despedido luego de sufrir un accidente e trabajo por inasistencias injustificadas. La sentencia dispone que no se verificó una justa causa en el accionar de la empleadora y que al momento de la decisión ya regía el DNU 329/2020.

Un trabajador rural había sufrido un accidente de trabajo en junio de 2020 y se encontraba con carpeta médica. El 8 de septiembre de 2020 remitió telegrama a la patronal reclamando la registración correcta de su relación laboral, el pago de horas extras y la entrega de ropa de trabajo.

En dicho telegrama, el trabajador fijó domicilio a los efectos legales. La empleadora alegó que el 11 de septiembre había recibido la notificación de la ART del alta médica y ese mismo día remitió una carta documento al trabajador rechazando sus reclamos, le informó el alta médica y lo intimó a reincorporarse a su trabajo en 24 horas.

Esta comunicación fue remitida al domicilio real del trabajador –recibida el 14/9– y al domicilio legal –recibida el 21/9–. A su vez, con fecha 21/9 la empleadora remitió carta documento al empleado mediante la cual lo despidió alegando justa causa atento no haberse incorporado al trabajo.

Si bien la patronal remitió dos cartas documento (una al domicilio real y otro al legal), se consideró que “no puede tenerse como válida la comunicación del alta médica por parte de la empleadora dirigida al domicilio real del trabajador en tanto que con anterioridad éste constituyó domicilio legal a tal efecto”.

 

En la causa “L., L. E. c/ G. e H. SA – Medida autosatisfactiva”, el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1° Nominación de la ciudad de Bell Ville declaró la nulidad del despido con justa causa dispuesto por la empleadora , que había alegado justa causa porque el trabajador no se incorporó a sus tareas luego de que le fuera comunicada el alta médica.

El juzgado también ordenó reincorporar al empleado a su puesto de trabajo y abonar los salarios que le correspondan desde la extinción dejada sin efecto. Ello, tras considerar incausado el despido dispuesto por resultar inaceptable el motivo invocado.

El tribunal concluyó que el trabajador tomó conocimiento de manera fehaciente del alta médica al recibir dicha información por parte de la empleadora.

Si bien la patronal remitió dos cartas documento (una al domicilio real y otro al legal), se consideró que “no puede tenerse como válida la comunicación del alta médica por parte de la empleadora dirigida al domicilio real del trabajador en tanto que con anterioridad éste constituyó domicilio legal a tal efecto”.

“Ello como consecuencia del principio protectorio y a los fines de garantizar el conocimiento con certeza de los actos notificados, certeza que se presume le garantiza la asistencia letrada”, agrega la resolución. En consecuencia, la notificación fehaciente fue la dirigida al domicilio legal recibida el 21/9. Sin embargo, con fecha 21/9 la empleadora remitió carta documento mediante la cual despidió al trabajador invocando justa causa fundada en que el trabajador no se reincorporó al trabajo en el plazo de 24 horas.

Fuente DIARIO JUDICIAL






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martes, 29 de diciembre de 2020

El reparto debe ser igualitario

 

El reparto debe ser igualitario

Un fallo dictado en Santa Fe condenó a un progenitor afín a abonar una indemnización a su ex pareja por haber contribuido de diversas maneras con la construcción del inmueble y con la compra de los vehículos que se encuentran en el patrimonio del actor. 



El Juzgado de Primera Instancia de Distrito Familia de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, analizó un caso con perspectiva de género y tornó procedente el reclamo resarcitorio formulado al progenitor afín, luego del cese de la convivencia, por la falta de un reparto igualitario de los bienes en común con su ex pareja.

La demandante relató que convivió con el demandado desde fines de octubre del año 2008 hasta agosto de 2017; tuvieron varios domicilios en la ciudad de Rosario y Peyrano, y destacó que en el año 2012 compraron un lote sin nada construido en esta última localidad. La misma fue adquirida por ambos, pero se escrituró a nombre de su ex debido a que ella, de nacionalidad dominicana, no contaba con documento de identidad argentino y comenzaron las tareas de construcción en el terreno abonando los gastos los dos.

El fallo destacó que "si la actora ganó dinero con su trabajo fuera del hogar, que destinó a la crianza de su hija y, a la vez, desarrolló tareas domésticas, ambas situaciones deben ser consideradas como un aporte con valor económico concreto en pos del sustento de los gastos de la pareja conviviente".

Al respecto, señaló que siempre desempeñó tareas para su sostenimiento y el de su hija. Para ello, abrió un pequeño almacén y cuidaba a una señora y el cese de la convivencia le significó una verdadera situación de desequilibrio y descenso de su nivel de vida y expresó que "sería injusto haber contribuido al enriquecimiento de quien era su compañero y quedar sin nada, sin casa y sin posibilidades".

La titular del juzgado resaltó que el caso debe ser analizado bajo una perspectiva de género y explicó que la mujer "realizó aportes directos en especie, por medio de su trabajo efectivo y concreto en las tareas de edificación, también hizo aportes económicos indirectos a partir de los ingresos que percibió por la realización de trabajos como empleada doméstica, cuidado de personas adultas mayores y sus tareas como pequeña comerciante, y con sus ingresos mantenía a su hija".

El fallo destacó que "si la actora ganó dinero con su trabajo fuera del hogar, que destinó a la crianza de su hija y, a la vez, desarrolló tareas domésticas, ambas situaciones deben ser consideradas como un aporte con valor económico concreto en pos del sustento de los gastos de la pareja conviviente".

"El enriquecimiento incausado ocurre cuando se ha producido un desplazamiento patrimonial entre los convivientes, que pueden generar un beneficio o ventaja económica a favor de uno y a costa del detrimento del otro", agregó la jueza al respecto.

Por otra parte, la sentencia enfatizó en que "las mujeres migrantes, por diversas razones -entre las que se cuenta, claro, la trata de personas-, son vulnerables de manera muy intensa, porque salen de sus países de origen para huir de la violencia, la falta de oportunidades y la miseria, o para reunirse con sus familias".

Entonces, se deberá resarcir el daño moral por "los episodios de violencia familiar comportan el obrar antijurídico que abre la vía judicial para obtener una reparación porque causan daño a la integridad psicofísica de la víctima, así como constituyen una afrenta contra su libertad y seguridad personal; y la actora está legitimada para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales por ser la damnificada directa".

Fallo https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/094/704/000094704.pdf

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martes, 22 de diciembre de 2020

PROBLEMA DE CONSORCIO - Regalo de cumpleaños

 

Regalo de cumpleaños

La Cámara Civil condenó a un consorcio de propietarios a reintegrar lo gastado por un matrimonio que debió alquilar un salón de fiestas para el cumpleaños de su hija, ya que no pudo utilizar su departamento afectado por las filtraciones.

Como parte de una condena, un consorcio de propietarios deberá reintegrar a un matrimonio los gastos por el alquiler de un salón de fiestas, dado que no pudieron utilizar su unidad funcional afectada por las filtraciones. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos “D., M. A. y otro c/ Consorcio de Prop. Avda. Rivadavia 3238/40 s/ cumplimiento de reglamento de copropiedad”.

Todo comenzó en 2008, cuando los demandantes comenzaron a sufrir una serie de filtraciones de agua desde los pisos superiores a su unidad funcional que afectaron distintas áreas de su departamento. Lo que comenzó con una incipiente mancha de humedad en el techo del comedor, luego se convirtió en una caída de agua. El matrimonio sufrió también inundaciones y filtraciones de agua de cloaca, según consta en la causa.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda contra los consorcios de propietarios por la suma de $ 63.200, más sus intereses y costas. La decisión fue apelada.

Los actores se agraviaron, entre otras cuestiones, porque el juez de grado "omitió considerar el reclamo efectuado en la demanda de reintegro de los gastos por el alquiler de un salón de fiestas para el cumpleaños de su hija". Según los testigos, la co­actora trataba de no hacer reuniones en su casa por la humedad y las filtraciones.

 

La Sala E consideró acreditada la "incomodidad de los actores de realizar reuniones sociales en su hogar" que “con motivo de las filtraciones, humedades y daños en el inmueble de los accionantes, éstos debieron acudir al alquiler de un espacio para poder celebrar sin inconvenientes los festejos de natividad de su hija”.

 

Los propios demandantes afirmaron que "sufrían temor por las noches de que se esté produciendo una nueva filtración", y que hasta que no verificaban que todos los ambientes están en perfecto estado no podían dormir. Alegaron, asimismo, que los constantes reclamos “afectaron su psiquis”.

La Sala E consideró acreditada la "incomodidad de los actores de realizar reuniones sociales en su hogar" que “con motivo de las filtraciones, humedades y daños en el inmueble de los accionantes, éstos debieron acudir al alquiler de un espacio para poder celebrar sin inconvenientes los festejos de natividad de su hija”. El fallo reconoció así la suma de $2.290 en concepto de “reintegro de gastos”.






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Un fallo que alivia a los deudores "UVA"

 

Un fallo que alivia a los deudores "UVA"

La Cámara Civil y Comercial de La Plata confirmó una sentencia que ordenaba al Banco Provincia que reliquide las cuotas correspondientes a un préstamo hipotecario “UVA”, las que no deberían superar el 30% de los ingresos familiares.

La Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial N°2 de La Plata, integrada por los jueces Leandro Banegas y Francisco Hankovits, confirmó la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar a la medida cautelar anticipada innovativa solicitada por los actores, ordenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires que reliquide las cuotas correspondientes a un préstamo hipotecario “UVA”, las que no deberían superar el 30% de los ingresos familiares.

Para así resolver, los magistrados ponderaron el aumento del valor de las cuotas que en un inicio ascendían a un aproximado mensual de $20.000 (enero de 2018), pero que habían sufrido distintos incrementos que las habían acercado a los $ 50.000 en abril de este año.

 

La medida se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva la acción de reajuste iniciada por los actores en julio de este año

 

En este sentido, en el fallo dictado en la causa "Serna Diego Rodrigo y otro/a c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Medidas Cautelares" se destacó que esos montos, que en un principio representaban un 29% de los ingresos familiares, con el correr del tiempo habían pasado a significar aproximadamente un 60% de los mismos, situación agravada por la pérdida del empleo de uno de los actores.

En efecto, el préstamo de $2.970.000, equivalentes a $131.474 unidades de valor adquisitivo (UVA), tendría una cuota inicial -orientativa- de $20.513,05 a enero de 2018. Asimismo, se tuvo en consideración al momento de la aprobación de dicho crédito los ingresos familiares de los accionantes, los cuales eran de $69.464 (correspondiendo $21.664 a los haberes del señor Serna y $47800 a los de la señora Zárate), dando como porcentaje de afectación, en ese momento, un total de la cuota mensual del 29,53% de sus ingresos.

El accionante en la actualidad se encuentra desempleado, percibiendo un seguro por desempleo de $5.338,23, hecho por el cual el Banco de la Provincia de Buenos Aires realizó una bonificación de la cuota que, con anterioridad a efectuarse el mentado beneficio, aquélla ascendía a $41.500,01 al 8 de noviembre de 2019.

Para los magistrados, en este cuadro probatorio se encontraban acreditados los requisitos para el dictado de la medida cautelar que dispuso la jueza de primera instancia y confirmaron el tope al incremento de las cuotas impuesto.

Dicha medida se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva la acción de reajuste iniciada por los actores en julio de este año.






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ALIMENTOSA DESDE LA PANZA - CUOTA DE ALIMENTOS

 

Alimentos desde la panza

La mujer convivió con su pareja desde 2015 y sufrió varios episodios de violencia de género, lo que derivó en el cese de la convivencia en mayo de 2020. La relación afectiva entre ambos continuó hasta septiembre pasado, y producto de esa relación quedó embarazada y solicitó una cuota provisoria de alimentos.

En su planteo acompañó una ecografía que demostraba, al 2 de octubre de 2020, un embarazo de 7.6 semanas. Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud, pero luego hizo lugar a la impugnación y fijó una cuota de alimentos, en marco de un recurso de revocatoria de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces. Se estableció la suma de 5 mil pesos en concepto de alimentos provisorios por el plazo de tres meses.No debe perderse de vista que la tutela jurídica del niño por nacer debe extenderse a un conjunto de obligaciones y cuidados de naturaleza impostergable donde cualquier demora podría incidir negativamente en el bienestar y desarrollo psicofísico dada la especial condición -persona por nacer-, y en atención a que la paternidad se encuentra incierta o indeterminada, será la madre la que cargue con todas las consecuencias de la procreación” 

El artículo 665 del Código Civil y Comercial establece que la mujer embarazada “tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada”, y que también la ley 26.061 “reconoce el derecho a los alimentos a la mujer embarazada”







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miércoles, 14 de octubre de 2020

ALIMENTOS HIJOS MENORES -

 

La ley del mayor esfuerzo







La Cámara Civil confirmó el escalonamiento de una cuota alimentaria y aseveró que el progenitor deberá "redoblar sus esfuerzos" para obtener los medios necesarios para atender a los alimentos de su hijo.

En el marco del reclamo por el escalonamiento de una cuota alimentaria, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sostuvo que el progenitor de un niño “deberá redoblar sus esfuerzos para obtener los medios necesarios” para atender a los alimentos.

La causa llegó a la Sala A Alzada por el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la decisión que hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria a favor del hijo de las partes en la suma de 9 mil pesos y sucesivos aumentos escalonados.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi, rechazó el reclamo del progenitor y recordó que la existencia de hijos “hace asumir un deber ineludible para con ellos y para con la sociedad toda, atento a que a ésta le interesa sobremanera el resultado de su formación”.

En los autos “L. F. D. E. y otro c/ C. P. A. s/ alimentos”, los magistrados destacaron que la jurisprudencia “es pacífica en sostener que es deber del alimentante procurar los medios tendientes a la manutención de su prole”.


 

Para los jueces, “la fijación escalonada de la cuota tuvo como fin evitar –al menos por un tiempo- la tramitación de pleitos, tal como lo sería el incidente de aumento de cuota alimentaria”, y concluyeron que dicha circunstancia “redundará en un beneficio para el propio alimentado”.

 

“Es por ello que, de ser efectivamente insuficientes sus ingresos, para cumplir con la obligación derivada de los deberes que impone la responsabilidad parental, deberá redoblar sus esfuerzos para obtener los medios necesarios con los cuales atender a los alimentos de su hijo”, añadieron.

La sentencia de primera instancia tuvo en cuenta las propias necesidades del niño, como así también el contexto socio económico imperante. Según consta en la causa, el demandado es de profesión arquitecto y se encuentra sin trabajo.

Para los jueces, “la fijación escalonada de la cuota tuvo como fin evitar –al menos por un tiempo- la tramitación de pleitos, tal como lo sería el incidente de aumento de cuota alimentaria”, y concluyeron que dicha circunstancia “redundará en un beneficio para el propio alimentado”.

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lunes, 21 de septiembre de 2020

ALIMENTOS - SIN LICENCIA HASTA CUBRIR LA CUOTA - ABOGADO LA PLATA

 

Sin licencia hasta cumplir con la cuota

Por el incumplimiento del deber de prestar alimentos, un hombre sufrió la suspensión de la licencia de conducir y la imposibilidad de renovarla hasta cumplimentar lo adeudado. "Se ha desentendido de sus obligaciones incurriendo en conductas doblemente reprochables", destacó el fallo.





En la causa “O., R. C. – P., D. E. – Divorcio Vincular - No Contencioso”, el Juzgado de Competencia Múltiple de la ciudad de Arroyito (Córdoba ) impuso medidas coercitivas a un padre ante el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria establecida en favor de sus hijos.

Para tomar esta decisión, el magistrado Martínez Demo aplicó la perspectiva de género por entender que el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye un modo desleal de violencia de género en la familia.

“Frente a la ausencia de aportes por parte del progenitor, las necesidades básicas de los hijos deben ser solventadas por la madre, la que, a su vez, debe procurar lo necesario para su propio cuidado; de modo tal que el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria afecta en forma directa la economía, subsistencia y los derechos de la mujer”, explicó.

 

El juez puntualizó que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos y está reconocido en numerosos tratados e instrumentos internacionales. 

 

En la resolución, se tuvo en cuenta que el demandado eludió por todos los medios el cumplimiento de su obligación, con el objetivo de sustraerse o impedir que se efectivice la orden judicial, denotando un total desinterés.

Asimismo, el juez argumentó que el demandado “se ha desentendido de sus obligaciones incurriendo en conductas doblemente reprochables, tanto desde el deficitario ejercicio de la responsabilidad parental que le cabe, como, desde una perspectiva de género, ejerciendo un tipo de violencia hacia la mujer de carácter económico, al obligarla que sea ella quien haya tenido que solventar por todos esos años las necesidades materiales de sus hijos, con la consecuente y segura postergación de sus penurias”.

El juez puntualizó que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos y está reconocido en numerosos tratados e instrumentos internacionales. También indicó que a los niños, niñas y adolescentes se les reconoce el derecho a un plus de protección, debido a su especial situación de vulnerabilidad.

Entre otras medidas, el magistrado dispuso suspender la licencia de conducir -privada y profesional- del progenitor, quien presta servicios de transporte de mercadería en un camión de propiedad de terceros, sin encontrarse inscripto como autónomo o en relación de dependencia. También prohibió su renovación hasta que acredite el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y garantice las futuras.

Fuente Diario Judicial


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