sábado, 10 de octubre de 2015

Los bancos no podrán alegar "caso fortuito" por robo de cajas de seguridad pero sí limitar su responsabilidad. #AbogadoLaPlata htpp//www.abogadolaplata.com.ar

LEGALES
Jueves 08 de Octubre de 2015 15:28:00
Los bancos no podrán alegar "caso fortuito" por robo de cajas de seguridad pero sí limitar su responsabilidad
08-10-2015 Un juez ordenó indemnizar a los damnificados por un robo a los cofres de particulares ocurridos en la sucursal Belgrano del Banco Provincia. Expertos advierten que las "cláusulas limitativas" estipuladas en el nuevo Código Civil se deberían tener por "no escritas" por vulnerar derechos de clientes
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/220774-Los-bancos-no-podrn-alegar-caso-fortuito-por-robo-de-cajas-de-seguridad-pero-s-limitar-su-responsabilidad

 En la actualidad, muchas familias prefieren que sus bienes más preciados, documentos importantes y dinero se encuentren resguardados en una caja de seguridad.
A cambio de este servicio que ofrecen los bancos en las bóvedas de sus sucursales y casas centrales, los clientes pagan un costo determinado por cada entidad, en función del tamaño dek cofre y su ubicacióm geográfica.
Este sistema creció exponencialmente en Argentina. Ya se cuenta en todo el país con unas 500.000 cajas, y se está operando a un nivel cercano a la plena ocupación.
El costo de mantenimiento de este servicio es muy alto en relación a otros países, por lo que aquella persona que elija depositar bienes en una caja de seguridad, deberá hacer frente a una erogación que, en mayor o menor medida, le hará perder parte de su capital.
Pero para muchos de ellos no importa tanto el costo de oportunidad de dejar el dinero inmovilizado. Lo que prima es la tranquilidad que ofrece el hecho dejarlo en una entidad bancaria.
Sin embargo, un cofre no necesariamente es una garantía infalible de que las pertenencias no puedan ser robadas.
Cuando ello ocurre, estas relaciones contractuales se ponen en jaque, dado que los bancos suelen exigir muchas pruebas respecto del contenido de los cofres antes de reconocer que deben pagar un resarcimiento. Y a partir del nuevo Código Civil pueden ponerle un tope -informado previamente- a su responsabilidad.
Así, a la hora de hacer valer un reclamo, el escenario se puede tornar dificultoso para los clientes. En consecuencia, los juicios se terminan resolviendo tomando en cuenta las respectivas pruebas aportadas a la causa y el criterio del magistrado interviniente.
En ese contexto, se dio a conocer un fallo que condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a pagarle 97 mil dólares más intereses a tres titulares de cajas de seguridad robadas por boqueteros, durante un asalto ocurrido en una sucursal de Belgrano en 2011.
El fallo fue dictado por el juez en lo Comercial 10 Héctor Chomer, quien aplicó el nuevo Código Civil. Los damnificados reclamaron perjuicios materiales, morales y psicológicos sufridos por el robo.
Los clientes argumentaron que el banco no contaba con las suficientes medidas de seguridad y por eso se concretó el robo. La entidad se defendió argumentando que se trató de un caso fortuito. 
El juez consideró que “el objeto del contrato de caja de seguridad es justamente alejar o eludir, por más espectacular que sea el robo, el peligro que implica la posibilidad de que el mismo acontezca".
En su resolución, señaló que "el robo de una caja de seguridad no puede ser considerado como un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor".
Para hacer lugar al reclamo, el juez tuvo en cuenta a las declaraciones de los testigos de las operaciones que originaron los montos depositados, conocidos de los titulares que los acompañaron a depositar objetos en la caja y comprobantes de la compra de divisas extranjeras.
Qué establece el nuevo Código Civil
El prestador de una caja de seguridad (es decir, el banco) será el que deba responder frente al usuario por:
- La idoneidad de la custodia de los locales.
- La integridad de las cajas de seguridad.
- El contenido de los cofres.
Además, se tendrán en cuenta las expectativas creadas en el cliente que contrató el servicio.
Pero existirá un límite: el banco no responderá por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
Un punto clave a destacar de la flamante normativa tiene que ver con las llamadas cláusulas limitativas. Así, resultará válida la que limite la responsabilidad del banco hasta un monto determinado. Pero esto sólo sucederá en la medida en que la entidad hubiera notificado debidamente al usuario acerca del mismo.
Este punto es muy importante porque ya no quedaría librado al criterio judicial el monto que se podría reclamar y, consecuentemente, el que se reconocería como resarcimiento en caso de robo, dado que ya estaría estipulado de antemano el límite hasta el cual respondería la entidad bancaria frente a este ilícito.
El texto también establece que si los usuarios del servicio fueran dos o más personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tendrá derecho a acceder a la caja. También señala que la prueba del contenido de los cofres "podrá hacerse por cualquier medio".
La profesora Nydia Zingman de Domínguez, colaboradora de elDial.com, considera que, con el nuevo Código, "en el contrato de cajas de seguridad, el banco no se obliga a nada (o sólo a un tope autodeterminado arbitrariamente por él), ya que estaría dispensándose de responsabilidad en caso de inejecución de su principal obligación”.
Sobre ese punto, explica que “se trata de un contrato por adhesión y en todos los casos de cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad se altera en perjuicio del adherente el equilibrio entre las prestaciones recíprocas”.
De esta forma, podría ocurrir que los bancos contraten seguros hasta el tope de su responsabilidad autoestablecida en los "formularios", en lugar de invertir en medios idóneos de seguridad que impidan robos y hurtos de los cofres que contienen los valores de los clientes.
Para Zingman de Domínguez, en este caso, debería quedar establecido en el Código que la responsabilidad del banco sea objetiva y no debería responder solo por caso fortuito externo a su actividad -como un incendio no intencional o una inundación- o por vicios propios de las cosas guardadas. Es decir, al cliente le tendría que bastar con probar el incumplimiento, sin tener que demostrar la culpa o el dolo del banco.
Por otro lado, sostuvo que lo ideal sería que la cláusula que exima o limite de responsabilidad al prestador ya sea expresa y ostensible o derivada de fórmulas indirectas y/o ambiguas se tenga por no escrita, porque desnaturaliza las obligaciones del prestador y se podría considerar que en este contrato “el banco no se obliga a nada o a poco ya que está dispensando su responsabilidad en caso de inejecución de su principal obligación”.
“¿Es que acaso se está autodispensando de su eventual conducta dolosa o derivada de su negligencia profesional la entidad bancaria y la ley lo estaría validando?”, cuestionó la especialista.
Por otro lado se preguntó si a partir de ahora todos los jueces que en sus sentencias calificaron de abusiva la limitación contractual de responsabilidad, deberían cambiar su pensamiento porla inserción “desafortunada” de esta norma aplicándola en forma aislada del resto del ordenamiento jurídico.
“Carece de seriedad aceptar esta postura que además llevaría a los bancos a contratar seguros menos costosos que la inversión en seguridad; ello en desmedro de una prestación eficiente del servicio de seguridad activa a los usuarios del servicio bancario, agregó.
La importancia del escribano
Justificar el contenido del interior de los cofres es uno de los típicos problemas para los clientes que fueron víctimas de un robo o hurto.
De acuerdo a los expertos, en general, no hay pruebas directas y se debe recurrir a indicios y, en muchos casos, el cliente no puede comprobar la totalidad de lo depositado en el cofre de seguridad.
Esto remarca la importancia de constatar lo depositado en la caja. Para ello, puede recurrirse al acta notarial, si las sumas son importantes, ya que indican que el costo de dicho acto justifica ahorrarse inconvenientes probatorios en el futuro.
En primer lugar, se debe realizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. A estos fines, se deben detallar los bienes sustraídos y, para ello, la víctima deberá estar acompañada de un abogado.
Una vez formulada la denuncia, es posible solicitar una reunión con los representanteslegales de la entidad, si la intención es lograr un acuerdo extrajudicial.
Si el acuerdo fracasara o bien si esa no fuera la intención del cliente, éste puede recurrir a la Justicia para efectuar un reclamo.
En este sentido, es importante destacar que la carga de la prueba del daño pesa sobre los propios damnificados por el ilícito. 
Para ello, es posible presentar diversos elementos de prueba que acrediten el contenido de los cofres, entre los que se destacan:
• La declaración de testigos (incluso familiares y amigos).
• Constancias que validen la venta de propiedades en épocas anteriores y recientes al robo.
• Registros de ingresos del cliente a la caja de seguridad.
• Fotografías de eventos sociales en que el perjudicado lucía alguna joya que pudiera haber dejado en custodia en el cofre.
• Declaraciones juradas presentadas ante el fisco, que contemplen los bienes sustraídos.
• Constancias de recientes compras de dólares.
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miércoles, 7 de octubre de 2015

INDEMNIZACION POR DISCRIMINACION #AbogadoLaPlata http://www.abogadolaplata.com.ar

Discriminación: ordenan indemnizar por daño moral a un empleado desvinculado como consecuencia de su enfermedad
07-10-2015 El dependiente sufría del virus HIV. Tras terminar una licencia y solicitar tareas livianas, la firma decidió despedirlo argumentando una reestructuración, que luego no pudo probar en los tribunales. Los expertos remarcan que en estos casos se invierte la carga de la prueba
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/220638-Discriminacin-ordenan-indemnizar-por-dao-moral-a-un-empleado-desvinculado-como-consecuencia-de-su-enfermedad

Los conflictos relacionados con enfermedades inculpables -en los cuales el empleador no tuvo ninguna vinculación- y los reclamos por no haber sido concedida la posibilidad de hacer tareas más livianas (prescriptas, incluso, por médicos) son algunas de las principales cuestiones que, en estos momentos, se debaten en los tribunales laborales.
Por ese motivo, las empresas deberán analizar bien qué medidas van a tomar cuando llegue a su conocimiento alguna circunstancia personalísima del empleado, que eventualmente podría ser considerada como discriminatoria.
Este tipo de conflictos debe encender una señal de alerta a los directivos de las compañías para que, en estos casos donde hay información sensible en juego, se asesoren correctamente paracada situación concreta y eviten sobrecostos que puedan poner en peligro la continuidad de la empresa. 
Es decir, al enterarse de éstas deberán adoptar mayores cuidados y niveles de exigencia con respecto a ese trabajador, pues cualquier conducta podría considerarse discriminatoria, teniendo en cuenta que la tendencia es que se invierte la carga probatoria.
Así, si la empresa cuenta en su nómica con un dependiente que se accidentó o enfermó y que luego fue reincorporado, debe reubicarlo en un puesto acorde a su estado. De no poder hacerlo, será la compañía la que deberá demostrar esa incapacidad.
Hace pocos días, el Tribunal Supremo de Jujuy condenó a una empresa a abonarle una indemnización por daño moral a un dependiente que denunció haber sido despedido a causa de su enfermedad. A pesar de que había solicitado realizar otro tipo de tareas, la empresa se negó argumentando que estaba en proceso de reorganización. 
No lo reubicaron
El empleado debió hacer uso de licencia por enfermedad inculpable como consecuencia de los distintos inconvenientes de salud que sufría por ser portador del virus HIV. Envió los certificados con los síntomas y su diagnóstico a la empresa, que los receptó. Al otorgarle el alta, su médica le recomendó que realizara tareas livianas.
Al momento de su reincorporación, la firma le indicó que le reservaba el puesto de trabajo por un año hasta que se mejore; pero el dependiente insistió para que se le asignaran otras tareas. 
Tras más de dos meses de conflicto entre las partes, la empresa decidió dar por concluida la relación laboral, basada en un proceso de reestructuración. Lo indemnizó pero el caso terminó en la Justicia laboral.
El dependiente se presentó en los tribunales para reclamar diferencias indemnizatorias, multas y un monto adicional por daño moral, basado en los actos discriminatorios que sufrió. El juez de primera instancia rechazó su reclamo, por lo que se presentó ante las máximas autoridades judiciales provinciales para que revean su caso.
Sostuvo que el empleador conocía su enfermedad y las limitaciones para trabajar que esta le ocasionaba y que, por el principio de la carga dinámica de las pruebas, la firma debía acreditar que el acto extintorio tuvo una motivación ajena a la discriminación. 
Los jueces del máximo tribunal salteño remarcaron que la empresa no invocó ni aportó pruebas que acrediten que tal licencia se debió a otra dolencia que no fuera el HIV. Además tuvieron en cuenta la contemporaneidad que existía entre su reincorporación y la ruptura del vínculo, que resultaban conducentes para presumir la discriminación
"Uno de los problemas de procedimiento más importantes que se plantean cuando una persona alega una discriminación en el empleo o la ocupación se refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado, lo que puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido”, indicaron los jueces. 
En estos casos, resulta suficiente para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que resulten idóneos para inducir su existencia.
Los magistrados remarcaron que la conducta de la empleadora era reprochable porque al responder la demanda indicó desconocer que el reclamante era portador HIV, pero tales desconocimientos por sí mismos no pueden desacreditar los dichos del trabajador.
Asimismo, indicaron que la firma no acreditó por qué le había otorgado la licencia inculpable al dependiente.
¿Cómo se prueba la discriminación?
Para que se configure daño moral, los jueces entienden que es necesario un comportamiento adicional del empleador ajeno al contrato laboral; que debe tratarse de una conducta injuriante y nociva para el trabajador y que la prueba de ésta recae en él.
En cambio, cuando se invoca que ha existido un daño fundado en la discriminación, los magistrados consideran que debe invertirse la carga de la prueba, es decir, que le corresponderá al empleador demostrar que no existió tal conducta.
Al respecto, no existen pautas claras en cuanto a qué -concretamente- debería probar quien es acusado de tal proceder. La carga de demostrar que algo 'no ha ocurrido' puede resultar imposible, y en el ámbito del derecho se denomina probatio diabólica.
Juan Manuel Lorenzo, del estudio Salvat, Etala & Saraví,, explicó que "si la empresa no cuenta con una posición donde pueda reinsertar al trabajador, de acuerdo con sus nuevas capacidades, y luego de analizar todas las posibilidades no se logra su adecuación, ello no significa que la compañía esté obligada a crear un nuevo puesto de trabajo que atienda las necesidades del dependiente".
"No basta que el empleador acredite que no cuenta con tareas acordes para asignar al trabajador dañado, sino que, además, debe demostrar efectivamente la imposibilidad de asignar al trabajador tarea alguna compatible con su capacidad residual, con arreglo a su actividad empresarial", concluyó el experto.
Además, el experto indicó que el problema de fondo es que esta teoría de las cargas dinámicas podría resultar violatorio de normas y garantías constitucionales ya que el ordenamiento jurídico argentino (expresamente la Constitución Nacional) establece la presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico que constituye hoy un derecho fundamental.
Desde Arizmendi explicaron que “el empleador no puede dar curso a un interés material en la extinción del vínculo con el trabajador que luego de una enfermedad seria ha retomado sus tareas, en virtud de su estado de salud, bajo el pretexto de otro motivo, creyendo que la ausencia de una regulación específica de la norma laboral limitará su responsabilidad al pago de la indemnización tarifada”
Si el empleador no prueba que el motivo fue otro, los jueces harán lugar a la demanda y condenarán a la reparación del perjuicio material, no cubierto por la indemnización tarifada, y el daño moral que hubiera generado el despido discriminatorio, convalidado por el trabajador que no pidió la reposición en el empleo, concluyeron desde Arizmendi. 
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martes, 6 de octubre de 2015

SE ENTERÓ QUE SU ESPOSO ESTABA CASADO MALA REGISTRACIÓN DEL ESTADO #abogadoLaPlata http://www.abogadolaplata.com.ar

LEGALES
Jueves 01 de Octubre de 2015 10:59:00
Se enteró que su esposo ya estaba casado: la Justicia ordenó indemnizarla
01-10-2015 El juez Luis Arias dispuso que el Registro de las Personas bonaerense, por no verificar el estado civil, le pague $34.000 a una mujer por daño moral
FUENTE: http://www.iprofesional.com/notas/220323-Se-enter-que-su-esposo-ya-estaba-casado-la-Justicia-orden-indemnizarla

La  justicia en lo Contencioso Administrativa de La Plata, ordenó al Registro de las Personas de la provincia que indemnice con 34.400 pesos por daño moral a una mujer que se casó con un hombre que ya estaba casado.
El juez Luis Arias consideró que el “mero cumplimiento de los recaudos mínimo, no basta en la actualidad para que sea eficiente y adecuado al servicio público de registración”. El magistrado también pidió que se  le pague el tratamiento psicológico a la mujer, indicó el sitio Infojus Noticias.
M.F.C se casó el 18 de marzo de 2002 con B.R. en la delegación La Plata sección 1° del Registro Provincial de las Personas. Antes de ese día ambos presentaron la documentación necesaria para casarse y llenaron el formulario correspondiente donde declararon que eran solteros. Cuatro años después del casamiento la mujer se enteró que su esposo estaba casado desde 1993 y que estaba tramitando el divorcio.
La mujer recurrió a la Justicia argumentando que el registro civil "no verificó el estado civil de los contrayentes con carácter previo a la celebración del matrimonio” y pidió que la indemnicen por los daños y perjuicios que ese descuido le causó. Al descubrirse el casamiento preexistente, su matrimonio se declaró nulo. 
Los argumentos de la fiscal de Estado
Rosario Echevesti, abogada apoderada de la Fiscalía de Estado, sostuvo que “no puede responsabilizarse al Estado Provincial por hechos que le resultan totalmente ajenos” ya que los contrayentes cuando completaron el formulario de solicitud para contraer matrimonio, proveyeron allí “información personal con carácter de declaración jurada” y por eso no podía imputarse al Estado. Por eso sostenía que los hechos eran imputables al hombre y a lo sumo a los “testigos de la celebración del acto”.
Pero el juez Arias le dio la razón a la mujer y condenó al Registro de las Personas de la Provincia a indemnizar a la mujer porque se trata del organismo que “ostenta indudables y concretas obligaciones respecto de los actos inherentes a la registración de los matrimonios celebrados dentro de su jurisdicción”.
“La falta de informatización, sistematización y correlación de los asientos registrales, impidió al oficial público interviniente conocer la aptitud nupcial de los contrayentes y ejercer adecuadamente el control de legalidad que le compete sobre el acto jurídico matrimonial”, explicó el magistrado.
Las pericias psicológicas realizadas en la causa a la mujer mostraron que “produjo en su persona un conjunto de signo-sintomatología cuyo origen fue estas vivencias traumáticas” y la idea “de haber quedado en el imaginario como una ‘tonta’, burlada, engañada; sin lograr revertir estas vivencias y depositarlas en el afuera”. El hecho “ha provocado y provoca en la actora verdaderos trastornos, angustias y padecimientos, comprensivos del daño aquí solicitado”, concluyó el juez en el fallo.
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SUMAS NO REMUNERATIVAS AL SALARIO #abogadolaplata http://www.abogadolaplata.com.ar

Sumas no remunerativas: el Congreso buscará ponerle un límite de seis meses
06-10-2015 La comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja analizará un proyecto para que, transcurrido ese plazo, dichos montos se incorporen al salario de los dependientes. Los empleadores deberán hacerse cargo de la diferencia
fuente: http://www.iprofesional.com/notas/220534-Sumas-no-remunerativas-el-Congreso-buscar-ponerle-un-lmite-de-seis-meses

Desde el 2004, los acuerdos por salarios se caracterizaron porque los reclamos de los gremios se focalizaron en que los aumentos acordados no terminaran rezagados en la carrera contra la inflación.
Pero, por lo general, el costo de otorgar dichas subas excedía lo que los empresarios estaban dispuestos a pagar.
Por eso, para destrabar negociaciones difíciles,la adopción de las "sumas no remunerativas" se fue presentando como una posible solución para elevar el sueldo de bolsillo sin que las empresas deban abonar contribuciones patronales, ni los empleados realizar aportes por ese concepto.
Sin embargo, su aplicación trajo aparejados numerosos reclamos laborales ante los tribunales, solicitando que los montos respectivos sean considerados en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.
El resultado fue una condena –avalada por la Corte Suprema en varias oportunidades- para el empleador, que debió abonar diferencias salariales y multas.
Puntualmente, el máximo tribunal de Justicia rechazó esta forma de pago en tres causas: "Pérez contra Disco", que declaró inválidos los tickets canasta; "González contra Polimat", que consideró que los decretos de necesidad y urgencia que habían reconocido ese tipo de sumas no remunerativas eran inconstitucionales y "Díaz contra Cervecería Quilmes", donde se resolvió que eran ilegales los montos no remunerativos que se pactaban en convenios colectivos.
A pesar de los fallos judiciales adversos, el pago de las sumas no remunerativas se mantuvo al día de hoy, aunque con ciertas limitaciones. En la práctica, es habitual que el importe respectivo se termine incorporando al sueldo básico antes de que concluya el año, pero no siempre es así.
En ese contexto, este miércoles, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, a cargo del legislador oficialista Héctor Recalde, tratará un proyecto para fijar un plazo máximo de este tipo de pagos de seis meses. Transcurrido ese período deberá incorporarse a los rubros remunerativos, pero el empleado no verá a su salario disminuido, ya que el empleador se hará cargo de esa diferencia, con el objeto de mantener su poder adquisitivo.
Un proyecto similar del senador radical Eugenio “Nito” Artaza había obtenido media sanción en la cámara alta, pero al no ser debatida por Diputados perdió su estado parlamentario, por lo que se debe comenzar su trámite desde cero.
Qué dice el proyecto
La iniciativa de Recalde consta de un solo artículo, que indica lo siguiente:
“En la primera ronda de negociaciones colectivas que se desarrolle a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las sumas que con carácter no remunerativo fueran pactadas a favor de los trabajadores en convenios colectivos y acuerdos con fuerza de tales solo podrán mantener tal carácter por el término de seis (6) meses, convirtiéndose en remuneratorias a partir del mes subsiguiente, en cuyo caso serán incrementadas en un monto equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación nacional con destino a los distintos subsistemas de Seguridad Social”.
De acuerdo al impulsor del proyecto, la contracara de esta forma de pago “priva de carácter remuneratorio al pago de sumas que sean contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, podría entrar en colisión con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y afectar otras prestaciones a que los trabajadores tengan derecho en orden, por ejemplo, a prestaciones económicas que tomaran por base de cálculo a los conceptos remuneratorios”.
Además, remarcó que se afectan recursos de la seguridad social, y que los beneficios que en lo inmediato se derivan al poder adquisitivo podrían también traducirse en eventuales perjuicios a los trabajadores próximos a obtener un beneficio previsional en cuanto al haber a percibir se refiere.
“Se estima pertinente comenzar a transitar un sendero de salida de dicha dinámica a fin de, progresiva y paulatinamente, promover el cese de la práctica de acordar el pago de sumas no remuneratorias mensuales y que los incrementos de ingresos tengan carácter remuneratorio”, agregó el ex asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT).
¿Por qué se utilizan?
Hay una diferencia muy grande entre que un aumento sea considerado remunerativo o no. En el primer caso, las empresas deben pagar sobre ese monto contribuciones patronales y los dependientes aportar a la jubilación, obra social y al PAMI. 
Asimismo, al revestir ese carácter juegan en la base de cálculo en caso de que se liquide un resarcimiento por despido, por accidente de trabajo o bien para el propio cálculo del haber previsional. 
En tanto, en el segundo, esto no sucede salvo para el caso de reclamos ante los tribunales en los que un juez determine que, en realidad, dichos importes eran parte del sueldo pese a no haber sido considerados como tal durante la respectiva relación laboral.
Asimismo, los especialistas consultados por iProfesional advirtieron que, como no se pueden dar aumentos no remunerativos por decreto, tampoco sería lógico otorgar por convenios colectivos dichas sumas.
Problema para las empresas
"El empleador termina siendo preso de la disparidad de criterios entre los distintos poderes del Estado, pagando los costos por ello, ya que mientras en opinión de la administración pública estamos ante verdaderas sumas no remunerativas (y por ello son homologadas por el Ministerio de Trabajo y no son objetadas por la AFIP), para el Poder Judicial se trata de salarios encubiertos", indicó Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira & Cassagne.
La experiencia ha demostrado que estas asignaciones han sido eficaces para destrabar negociaciones complejas, agregó el experto. "Es por ello que sería importante que una reforma legislativa avale estas asignaciones estableciendo condiciones como, por ejemplo, su posterior incorporación al salario dentro de un plazo determinado", concluyó.
“Si bien los tribunales 'matan' a las sumas no remunerativas en casos puntuales, las mismas siguen siendo buen negocio respecto a las empresas y lo que en definitiva queda en el bolsillo de los empleados”, explicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti  - Darago – Lupi & Asociados.
En ese sentido, agregó que "será materia de los tribunales los casos puntuales de desvinculaciones, pero no hacen al grueso de la masa de dinero destinada a pago de salarios, por lo que sigue siendo un buen negocio para todos”.
El fisco nacional creó un régimen para que los empleadores informen, antes de liquidar los salarios a sus empleados, los conceptos que se encuadran como no remunerativos, como así también la normativa en la que se sustentan y el importe total liquidado por tal concepto. Por ese motivo, las compañías deben ser cuidadosas al momento de decidir otorgarlas.
El abogado Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y asesor legal de muchos gremios importantes, explicó que "se hizo uso y abuso de la calificación de no remunerativo de muchas subas salariales".
En ese aspecto, el abogado señaló que "el proyecto no pretende defender al trabajador, no tiene ninguna parte en la que lo haga, sino que lo que hará es que los aumentos se disminuyan y se dificulte la negociación".
De esta manera, estimó que "este tipo de leyes no favorecerá la negociación salarial sino que la dificulta sin sentido alguno". 
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