La "industria del juicio" por dentro: cuántas causas ya hay en tribunales y cuál es la cifra millonaria en juego
14-06-2017 En los últimos años, las demandas en los juzgados laborales crecieron de manera exponencial. Para el Gobierno, este escenario ahuyenta inversiones e impacta negativamente en la demanda de empleo. Empresarios se unieron para reclamar medidas concretas. Los números detrás de esta tendencia
fuente: http://www.iprofesional.com/abogados
Bastó un comentario del presidente Mauricio Macri para que se activara una verdadera guerra política.
En momentos en que los datos del mercado empleo todavía se muestran fríos y no exhiben el dinamismo que pretende el Gobierno, el Presidente disparó munición gruesa en contra de las organizaciones que están detrás de la industria del juicio laboral y que, tal como recalcó, no hacen más que provocar el cierre de empresas.
"Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro", afirmó Macri.
Acto seguido, agregó que "este grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo minoritario de jueces laboralistas, conducido por Héctor Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina".
Esta acusación provocó la reacción de varios referentes del Frente Para la Victoria, como Agustín Rossi, Aníbal Fernández y Daniel Filmus, quienes repudiaron las palabras de Macri.
Sin embargo, la pulseada, lejos de quedar contenida al ámbito político, tuvo un "efecto derrame" en el sector empresario.
El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró que el sistema de juicios laborales "es perverso" y que frena la llegada de inversiones extranjeras.
En tanto, el presidente de la CAME, Fabián Tarrío, advirtió que esta práctica "pone en jaque la supervivencia de las Pymes”.
En un tono similar se expresaron desde la Confederación General Empresaria (CGERA). A través de un comunicado afirmaron que "la industria del juicio existe y surge a partir de las malas leyes que no dan cuenta de los objetivos que dicen defender".
En la vereda de enfrente se paró Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), quien indicó que pueden existir "algunos inescrupulosos" pero que en la Argentina se está lejos de una "mafia" orquestada, porque para ello deberían "estar arreglados" desde los trabajadores hasta los letrados e, incluso, la Corte Suprema.
Números para la polémicaSegún Macri, el problema es la existencia de una mafia que sólo desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016 cobraron $10.000 millones en concepto de honorarios.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años se produjo un crecimiento exponencial de los casos.
La amenaza de los "caranchos"
Una de las primeras instituciones en hablar de juicios armados e innecesarios fue la Unión de Aseguradoras del Trabajo (UART).
A fines de 2015, la entidad inició una arremetida en contra del accionar de abogados conocidos como "caranchos".
Este término se utiliza para describir a aquellos profesionales del derecho que estafan a empresas aseguradoras, captando los juicios de manera ilegítima, para cobrar grandes sumas de dinero de las cuales los damnificados suelen recibir una pequeña proporción.
Frente a este cuadro, las alícuotas que imponen las ART a las empresas en muchos casos representan 15 puntos de la masa salarial.
Trabajo informal, clave en el debate
José Urtubey, vocal de UIA, afirmó que "el problema en la Argentina no son los costos salariales sino los laborales, no lo que recibe el trabajador sino las cargas que tiene el empresario".
Cambios en la normativa
En este contexto, una de las principales quejas es la falta de actualización de una legislación que nació para equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador, pero muchas veces es utilizada por los abogados para fomentar el conflicto.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años se produjo un crecimiento exponencial de los casos.
La amenaza de los "caranchos"
Una de las primeras instituciones en hablar de juicios armados e innecesarios fue la Unión de Aseguradoras del Trabajo (UART).
A fines de 2015, la entidad inició una arremetida en contra del accionar de abogados conocidos como "caranchos".
Este término se utiliza para describir a aquellos profesionales del derecho que estafan a empresas aseguradoras, captando los juicios de manera ilegítima, para cobrar grandes sumas de dinero de las cuales los damnificados suelen recibir una pequeña proporción.
Frente a este cuadro, las alícuotas que imponen las ART a las empresas en muchos casos representan 15 puntos de la masa salarial.
Trabajo informal, clave en el debate
José Urtubey, vocal de UIA, afirmó que "el problema en la Argentina no son los costos salariales sino los laborales, no lo que recibe el trabajador sino las cargas que tiene el empresario".
Cambios en la normativa
En este contexto, una de las principales quejas es la falta de actualización de una legislación que nació para equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador, pero muchas veces es utilizada por los abogados para fomentar el conflicto.
La inquietud de los empresarios se refleja en que en 2012 ingresaron 63.000 demandas laborales.
Para 2014, el número de casos fue de 78.000. Un año después, las nuevas causas treparon hasta sumar 91.000.
Sin embargo, en 2016 se produjo el gran salto, de la mano de 115.000.
Si se consideran sólo las demandas a la espera de sentencia vinculadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), hay un total de 300.000 casos acumulados por la friolera de u$s5.000 millones.
En tanto, al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) llegaron este año cerca de 47.700 expedientes y hubo cerca de 15.800 acuerdos.
En este contexto, los expertos laboralistas alertan por el colapso del sistema y por la situación caótica que día a día se vive en los tribunales.
Si se consideran las presentaciones realizadas en 2016 se obtiene unpromedio de 100 causas por mes y por juzgado. Esto significa el doble de los que pueden asumir.
La queja principal está vinculada con que faltan designar jueces y también empleados que permitan acelerar la resolución de los casos de manera más eficiente.
Del lado de las empresas, una de las principales quejas está vinculada con que cuanto más tarda en resolverse una causa, más deben pagar si la misma termina siendo favorable para el empleado, debido a los intereses que deben enfrentarse en el ámbito porteño.
Sucede que hace unos años, a causa de la inflación, se estableció que en los litigios que se lleven a cabo en la Ciudad de Buenos Aires deberán actualizarse mediante la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino del Banco Nación (para un plazo de 49 a 60 meses).
Incluye a todos los créditos del trabajador desde que son debidos hasta su efectivo pago, para aquellas deudas que se encuentran sin sentencia.
"Es decir que con la sola demora del juicio, el monto a pagar aumenta", se quejan desde la CGERA.
El presidente de la Cámara de la Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, planteó que "las ART están fijando una alícuota demasiado alta, lo que impacta negativamente en las Pymes, dado que en general tienen un alto porcentaje de incidencia de mano de obra en su estructura de costo".
En tanto, el abogado laboralista Horacio Schick señaló que "no hay que perder de vista que el nivel de accidentología existente es el principal factor de la generación de causas judiciales".
"No se habla de la relación entre ese stock de causas y el nivel de siniestralidad. En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) constata 660.000 infortunios laborales cada año", agregó.
A la siniestralidad producida en el sector formal de la economía, hay que adicionarles los casos ocurridos en el informal, que no están contemplados por la SRT.
Según el experto, esto termina totalizando unos 900.000 infortunios laborales reales cada año.
Por eso, llamó a "seguir trabajando en la línea de la ley de ART para poder recuperar competitividad".
El directivo hizo referencia así a que algunas compañías, especialmente las más pequeñas, no llevan un buen registro de sus actividades y se ven “obligadas” a tener que evadir algunos costos.
Entre cargas patronales, aportes previsionales y seguros por accidentes, una firma debe desembolsar casi el doble del sueldo que llega al bolsillo del trabajador.
Si bien los industriales adhirieron a las palabras del Presidente, los abogados laboralistas consideran que la cantidad de presentaciones judiciales se producen porque existe, desde hace más de una década, una economía informal que se mantiene en el orden del 35%.
Esto provoca que muchos dependientes no tengan su sueldo registrado (o parte de él) por lo cual, al calcular la indemnización, no se tiene en cuenta un porcentaje del salario.
Esto da como resultado una cifra menor a la que le correspondería legalmente, por lo que los trabajadores, al ser despedidos, recurren a la Justicia.
Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo que rige en la Argentina se sancionó en 1974 y desde ese entonces sólo tuvo algunos retoques pero de cuestiones no centrales.
Cabe destacar que allá por 2012, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner también se quejaba de la industria del juicio, el Congreso sancionó una nueva ley que eliminó la famosa doble vía, un artilugio legal que le permitía a los abogados reclamar dos veces por el mismo incidente.
Sin embargo, los índices oficiales demuestran que la norma no sirvió para lo que se buscaba. Según último informe de Judicialización en el Sistema de Riesgos del Trabajo, correspndiente al período 2010-2015, publicado por la SRT, se demostró que si bien cayeron los siniestros laborales, se duplicaron los juicios.
Con el fin de mejorar la competitividad de las empresas y bajar costos, el macrismo impulsó un nuevo régimen que fue sancionado a principio de año en sesiones extraordinarias. El marco regulatorio incluye reglas para dimensionar el daño en la integridad física del empleado y, en función de ello, cuantificar las indemnizaciones.
Para evitar discrecionalidades, el órgano encargado de aplicar estas reglas son las comisiones médicas.
Los legisladores apuntan a que la mayoría de los casos se resuelvan en el ámbito administrativo para así dejar la intervención judicial en las situaciones que realmente lo ameriten.
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