viernes, 4 de septiembre de 2015

DIVORCIO EXPRESS #abogadolaplata http://www.abogadolaplata.com.ar

Cada vez más rápido: decretan un divorcio al día siguiente de que la expareja fuera a tribunales
04-09-2015 Las partes también presentaron -de manera conjunta- una propuesta sobre la distribución de bienes. En otro caso, se dictó la disolución del vínculo pero continuará la causa por los aspectos patrimoniales ya que la ex pareja no logró llegar a un acuerdo
Fuente:http://www.iprofesional.com/notas/218792-Cada-vez-ms-rpido-decretan-un-divorcio-al-da-siguiente-de-que-la-expareja-fuera-a-tribunales


El nuevo Código Civil y Comercial comenzó a regir el pasado 1° de agosto y en los tribunales ya son miles las demandas de divorcio basadas en la flamante normativa, pero la rapidez del trámite llegó a niveles insospechados. Ya se dio el primer caso en que decretaron la separación en un día.
Con el nuevo cuerpo normativo se simplifican los papeleos para solicitar la ruptura del vínculo matrimonial, y se admite por la libre petición de uno o ambos cónyuges, sin requisitos temporales.
Además, los cónyuges pueden hacer propuestas (unilaterales o conjuntas) y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución sobre los aspectos patrimoniales, tenencia (ahora llamada “cuidado personal”), visitas (ahora llamado “derecho de comunicación”) y alimentos.
Por otro lado, se suprimen las causales objetivas y subjetivas, como el adulterio, por lo que basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio.
De esta forma, los jueces pueden decretar el divorcio y continuar la causa en lo pertinente a la distribución de bienes si no hubo acuerdo en las propuestas de reparto patrimoniales presentadas por las partes.
El flamante cuerpo normativo se diseña todo el régimen de divorcio en cuanto a los requisitos para solicitarlo en solo dos artículos, luego se estructuran todos los efectos que acarrea la disolución del vínculo matrimonial.
La jueza Adriana Carminati, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 77, decretó el divorcio de una pareja en una sentencia firmada al día siguiente de que aquella realizara la presentación judicial.
Según informaron desde el tribunal, la causa fue iniciada el 2 de septiembre y la sentencia fue firmada el 3 de septiembre. Es decir, la demanda conjunta (con acuerdo de reparto de bienes) se entregó en los tribunales el miércoles y ayer el ex matrimonio –que había contraído enlace en 2011- tuvo el aval de la magistrada para disolver el vínculo.
El proceso había sido iniciado por ambos cónyuges, quienes manifestaron que no tenían hijos en común y solicitaron que se decrete su divorcio, acompañando el convenio regulador que prevé el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Cuáles fueron los cambiosSe elimina todo plazo de espera, sea que se contabilice desde la celebración de las nupcias, o de la separación de hecho para la tramitación del divorcio. Esta postura se funda en la necesidad de evitar intromisiones estatales irrazonables en el ámbito de intimidad de los cónyuges.
Se requiere solamente que se presente al juez una petición de divorcio con una propuesta que regule los efectos derivados de éste. En ningún caso el desacuerdo con el conveniopresentado unilateralmente suspende el dictado de la sentencia de divorcio
Es decir, el convenio puede ser justo o injusto, equitativo o inequitativo y hasta abusivo pero mientras se presente, el divorcio se debe dictar. En todo caso, las partes seguirán discutiendo las consecuencias de la disolución del vínculo entre ellas, como por ejemplo la atribución de la vivienda familiar, agregó el experto.
Desde el punto de vista procesal, iniciado el divorcio por ambos cónyuges o sólo por uno de ellos, deberá acompañar una propuesta o convenio regulador que contendrá lo relativo a la atribución de la vivienda, la distribución de bienes, las prestaciones compensatorias si procedieren, el ejercicio de la autoridad parental y la prestación alimentaria si hay hijos.
Dicha propuesta deberá ser evaluada por el juez debiendo convocar a las partes a una única audiencia, sin perjuicio de que dentro de las facultades del magistrado podrá convocar a más de una, de creerlo necesario. Se extingue como requisito procesal la concurrencia a dos audiencias como se encontraba legislado hasta la semana pasada.
El magistrado interviniente podrá exigir que el "obligado" otorgue garantías reales o personales como requisito para su aprobación.
“La norma es enriquecedora en cuanto a la simplificación del trámite de divorcioincausado y sin imposición de plazos mínimos para su petición, destacando la prevalencia de la autonomía de la voluntad”, explica el docente y especialista Fernando Millán.
"Si bien los trámites se simplifican, la exigencia de una garantía, sin dudas, será un obstáculo al momento de negociar un acuerdo, porque, en la actualidad, se homologan sin garantía alguna", agregó el experto.
Para el especialista, "sería conveniente que, en la práctica judicial, dicho aval sea solicitado ante un incumplimiento, y no de modo automático o como requisito para dar eficacia al convenio".
En tanto, en otro de los puntos, se establece una especie de compensación económica (distinta de los alimentos pactados) para el cónyuge a quien el divorcio le produzca un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación.
"Ésta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez", indicaron los expertos consultados por iProfesional.
Ante la falta de un arreglo, la compensación la fijará la Justicia sobre la base de diversas circunstancias personales y patrimoniales de los cónyuges. 
También se busca regular la atribución del uso de la vivienda familiar para uno de los cónyuges, sea el inmueble propio de cualquiera de ellos o ganancial.
Nuevamente, será el magistrado quien determinará la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho considerando a quien se atribuyó la custodia de los hijos; el estado patrimonial, de salud y edad de los miembros de la pareja y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.
Así las cosas,  el nuevo esquema flexibiliza los requisitos para acceder al divorcio, eliminando plazos, causales, y la necesaria voluntad de ambos cónyuges, en consonancia con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales más modernos.
Para Leandro Merlo, colaborador de Erreius, "es contradictorio que sea obligatorio presentar un convenio que regule los efectos derivados del divorcio, pero su omisión no obste al dictado de la sentencia, debiendo las partes continuar litigando sobre las cuestiones no acordadas".
“Bastará entonces para quien quiera tener expedita la acción de divorcio ofrecer alguna suma irrisoria al otro cónyuge o, aun, pretender quedarse con todos los bienes y solicitar del otro una compensación económica”, agregó.
“Resulta paradójico imponer como presupuesto para la acción el ofrecimiento de una propuesta que, de no ser aceptada, no interrumpe el trámite del proceso ni el dictado de la sentencia”, destacó el experto a iProfesional.com.
Juicios en trámite
Un tema que preocupaba mucho a jueces y abogados era la aplicación del nuevo código a los procesos de divorcio contenciosos que se encuentran  en trámite,  y también los efectos con relación a las sentencia firmes dictadas en esos procesos.
En ese sentido, de acuerdo a los expertos, las sentencias, en ningún caso, contendrán una declaración sobre la culpabilidad o inocencia de uno de los cónyuges, aplicando normas derogadas.
De hecho, según explicó Merlo, desde que se sancionó el nuevo cuerpo normativo, varios juzgados comenzaron a pedir que se adecuen las demandas y sus contestaciones a la norma que empezó a regir el 1 de agosto.
Precisamente esto fue lo que ocurrió en un tribunal formoseño, en el que una jueza decidió dar por concluido el vínculo de una pareja que había comenzado su trámite de divorcio en mayo de 2013, mientras todavía regía el anterior Código Civil.
Sin embargo, la primera audiencia se realizó el pasado martes. Allí la jueza del Tribunal de Familia de Formosa Viviana Karina Kalafattich explicó que desde el 1 de agosto se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial.
Tanto el hombre como la mujer ratificaron que seguía en pie su voluntad de divorciarse. Pero no hubo acuerdo económico en el convenio regulador que el nuevo artículo 439 establece como necesario para “las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, de la distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges”. Esta causa deberá seguir de manera autónoma.
Como el divorcio produce la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges, la sentencia tuvo efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda, el 31 de mayo de 2013.

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miércoles, 2 de septiembre de 2015

NEGATIVA A LA PESIFICACION DE DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA #abogadolaplata http://www.abogadolaplata.com.ar

El cepo no es excusa: un fallo del nuevo Código Civil rechaza la pesificación de las deudas en dólares
02-09-2015 La Cámara Civil dictó un fallo relevante para aquellos acuerdos que se firmaron e incumplieron con el anterior régimen. Los jueces interpretaron el flamante cuerpo normativo en su conjunto y consideraron que las partes pueden disponer la forma de pago ya que no se trata de una norma obligatoria
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/218654-El-cepo-no-es-excusa-un-fallo-del-nuevo-Cdigo-Civil-rechaza-la-pesificacin-de-las-deudas-en-dlares

El  Código Civil y Comercial tuvo su debut en un tema de alta sensibilidad: qué pasa con las deudas en dólares que, por causa del "cepo cambiario" no pueden ser pagadas en la moneda original estipulada en el contrato.

Y el fallo es concluyente: no hay excusa para pesificar una deuda en dólares.

El tema es, desde hace tiempo, objeto de controversia, debido a las dificultades para hacerse de las divisas. En algunos casos, recurrieron al “contado con liquidación” y en otros buscaron billetes estadounidenses en el mercado marginal para no caer en mora.
Sin embargo, la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo han llevado a que el incumplimiento sea cada vez mayor. La apertura parcial de la ventanilla para obtener dólares a precio oficial, pagando un 20% en concepto de anticipo por el Impuesto a las Ganancias, no fue suficiente.
En la actualidad, hay miles de reclamos por este tema en los distintos tribunales del país. Las sentencias son variadas pero ya hay patrones determinados: por ejemplo, si el deudor, luego de instaurado el “cepo total” canceló cuotas en dólares estadounidenses, no puede luego pretender cancelar las restantes en pesos al valor del cambio oficial.
Si no se pactaron obligaciones alternativas, pocas sentencias permitieron al deudor liberarse entregando pesos al tipo de cambio oficial.
A ello, hay que sumarle que el pasado 1 de agosto comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial. En dicho cuerpo normativo se establecen dos artículos sobre la cancelación de deudas en moneda extranjera. En uno de ellos (artículo 765) concede al deudor la posibilidad de pagar en pesos la deuda que contraída en moneda extranjera.
Este nuevo articulado generó temor en los acreedores porque entregaron dólares e iban a recibir la cantidad de pesos necesarios para adquirir esa moneda extranjera al cambio oficial. Esto en la práctica, le hubiese impedido obtener la misma cantidad de “billetes verdes” que prestaron.
Ahora, la Justicia comenzó a dictar fallos en los que, si se estipuló que se debía devolver dólares, se devuelvan dólares.
Libertad para fijar la moneda de cancelaciónEn febrero de 2012, las partes celebraron un préstamo con garantía hipotecaria. Una mujer recibió u$s37.900, que se comprometió a devolver en 36 cuotas mensuales y consecutivas de u$s1.356 cada una.
Esas cuotas incluían un interés del 16% anual sobre saldo deudor. En el contrato se establecía que la parte deudora asumía "la obligación y su pago en la misma moneda extranjera” y que renunciaba “a invocar o ampararse en los criterios jurídicos que sustenten la teoría de la imprevisión para la revisión del contrato hipotecario, por la mayor onerosidad que pudiera sobrevenir”.
La mujer cumplió con el pago de las primeras seis cuotas. Hasta que anotició a los acreedores sobre de las dificultades “invencibles” de adquirir dólares en el mercado legal debido al "cepo cambiario" y los intimó a arribar a un acuerdo. En todo caso, señaló que abonaría la deuda en pesos calculada al tipo de cambio oficial.
Dicha solicitud fue rechazada por los acreedores, quienes le indicaron que la única manera en que se aceptaría el pago en moneda argentina sería con la cotización obtenida a través del procedimiento denominado "contado con liquidación".
A los pocos días, la deudora se presentó ante el domicilio de los acreedores con un escribano para abonar dos cuotas al cambio fijado por el BCRA, pero no fue aceptado. Por ello, consignó judicialmente el importe. El juez de primera instancia obligó a la mujer a que pague en dólares, por lo que ella apeló la sentencia ante la cámara.
Los integrantes de la sala F de la Cámara Nacional Civil, en un fallo difundido hace pocos días, indicaron que de acuerdo a lo establecido en el nuevo Código Civil y Comercial “las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes a menos que de su modo de expresión, de su contenido o su contexto resulte de carácter indisponible” (que no se pueden dejar de lado ni negociar”. 
Además remarcaron que el mismo cuerpo legar dispuso que cuando la norma es supletoria no se aplica a los contratos en curso de ejecución, debiéndose aplicar lo que las partes acordaron al momento de la celebración del contrato
En ese sentido, “el artículo 765 del Código Civil y Comercial no resulta ser de orden público, y por no resultar una norma imperativa”. De esta forma, no habría inconvenientes en que las partes pacten  que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada, como establece el artículo 766.
Además, rechazaron la consignación que había realizado.
Repercusiones
Entre los expertos se discute si la norma del artículo 765 CCyC que consigna el derecho de sustitución del deudor puede ser dejada de lado por los contratantes o es una norma de la cual no pueden apartarse
Para Maximiliano Juan Yaryura Tobias, del estudio de Aguirre Saravia & Gebhardt, dicha norma “no parece ser de orden público”.
En ese sentido, remarcó que “se impone la moneda extranjera como moneda de pago, sin que el deudor pueda liberarse entregando pesos  en los artículos referidos al depósito irregular, al depósito bancario, al préstamo bancario y al mutuo”. 
Para el especialista del estudio de Aguirre Saravia & Gebhardt, “no hay que olvidar que aún subsiste la prohibición de actualizar, por lo que si se pactó un crédito en dólares sólo parapreservar el valor adquisitivo de la moneda el deudor podría intentar liberarse abonando en pesos al tipo de cambio oficial”.
En tanto, Máximo Bomchil, socio del estudio M & M Bomchil, también coincidió en señalar que “por principio todas las normas del Código Civil y Comercial que regulan las obligaciones y los contratos son supletorias y no imperativas”.
“Esto está expresado enfáticamente el Código en los artículos 958 y 962”, agregó. El primero de dichos artículos señala que “las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres".
El segundo señala que "las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte de carácter indisponible".
Es decir, para Bomchil, “no se trata de una norma de orden público cuyo objetivo sería desterrar la utilización de la moneda extranjera en nuestro territorio para promover la utilización de la propia”.
Por el contrario, son numerosas las normas en el propio Código Civil y Comercial que imponen la moneda extranjera como moneda de pago sin que el deudor tenga el derecho de sustitución. 
En particular, sobre este tipo de obligaciones, la norma dice que el deudor "puede" desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal y no que debe hacerlo.
Bomchil también señala que “de la expresión y del contexto de la norma resulta que es una facultad del deudor y como tal puede ser renunciada”.
Para eliminar toda duda al respecto, el artículo 944 dispone que "toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados..."
En tanto, Yaryura Tobias, remarca que “hay que buscar la manera de minimizar riesgos”.
En tal sentido, sostiene que “es de buena práctica indicar que el deudor u obligado ya cuenta con los dólares estadounidenses en su poder;  indicar que el pago en dólares estadounidenses es una obligación esencial del contrato”. 
“Establecer que el deudor renuncia a ejercer la posibilidad de abonar su deuda en pesos al tipo de cambio oficial y –lo más importante a su criterio - pactar una obligación alternativa a elección del acreedor”, agrega el abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt.
En este último caso, se aceptaría el pago en pesos pero a un tipo de cambio que le permita acreedor comprar la cantidad de moneda extranjera estipulada en una plaza en el exterior de la República donde tal adquisición no esté restringida, o en títulos de deuda en moneda extranjera emitidos por la Nación que coticen en el exterior que vendidos en una plaza extranjera le permitan al acreedor adquirir la moneda adeudada.
Yaryura Tobias destaca que “siempre hay cuestiones a tener en cuenta, como lo es el hecho de que si la obligación se pactó antes o después del dictado de la normativa fiscal y cambiaria que prohibió o dificultó la compra de moneda extranjera; la calidad de los contratantes; si la contraprestación al pago en moneda extranjera debe cumplirse en el extranjero, entre otros”.
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