lunes, 19 de octubre de 2015

Ausencias del trabajador por enfermedad inculpable #abogadolaplata http://www.abogadolaplata.com.ar/

Ausencias del trabajador y tratamiento de la licencia por enfermedad ajena al trabajo
19-10-2015 Desde el estudio Arizmendi explican cómo debe actuar el empleador en estas situaciones. ¿Cómo debe intimar? ¿Cuándo corresponde su justificación y pago?
Fuente: http://www.iprofesional.com


El tema en cuestión suele generar muchas dudas respecto cómo dar tratamiento a las ausencias del trabajador frente a enfermedades inculpables, (ajenas al trabajo), ¿cuándo corresponde su justificación y consecuente pago?, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador?, ¿cuáles son las facultades del empleador?, ¿cuáles son los requisitos y de plazo de pago, de denuncia de la afección, de control de la patología y previsiones a tener en cuenta?, lo que trataremos de dar respuesta a continuación.- 
A fin de introducirnos en el tema, la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 208 de la LCT dispone que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años, y de seis meses, si su antigüedad fuera mayor.
Y en los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrará impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis y doce meses según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco años.


De dicho artículo se desprende que las ausencias del trabajador por situaciones de enfermedad inculpable generan la obligación de pago de salarios por los plazos anteriormente indicados, siempre que se den las condiciones del artículo 209 de la LCT.
En este sentido el Art. 209 dispone que “El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada”.
En virtud de lo cual, para que el trabajador se haga acreedor de la remuneración correspondiente durante el período de licencia paga por enfermedad, el mismo debe dar aviso al empleador, siendo esta una verdadera carga, la cual ante su falta, hará perder al trabajador el derecho al cobro por dicha ausencia.
A partir de que el empleador tenga un adecuado conocimiento de la situación puede ejercer su derecho de control del estado de salud del trabajador, justificándose  la obligación del aviso inmediato no solo para constatar la veracidad del hecho denunciado por el trabajador, sino también, en base a las necesidades de organización de la producción, la distribución de tareas, y para el buen funcionamiento de la empresa frente a la ausencia de uno de los trabajadores.
Lo que numerosas veces suele traer contrariedades de parte del empleador es si corresponde el pago o no cuando el trabajador informa su situación de salud en un horario cercano a la finalización de la jornada laboral, o cuando toma conocimiento por un tercero, sin tener certeza de la veracidad de los dichos.
Para ello, el artículo 209 de la LCT fija un plazo para denunciar la ausencia por parte del trabajador el cual lo enmarca durante el transcurso de la primera jornada de trabajo salvo que  existiera alguna situación de fuerza mayor que impidiera comunicar al empleador durante esa primera jornada.-
La Ley de Contrato de Trabajo no fija un horario, dentro del cual debe denunciar el trabajador su ausencia por enfermedad, lo que suele traer aparejada complicaciones a la hora de decidir su reemplazo o la reorganización del trabajado de dicha jornada, ya que desconoce si el mismo llegará tarde, si la ausencia será por un día o varios, lo cual hasta no recibir la comunicación del trabajador no puede determinar.
Asimismo, tampoco impone sobre el trabajador exclusivamente la posibilidad de realizar la denuncia, ya que podría realizarla un familiar de este, un compañero o cualquier persona que tuviese conocimiento e hiciese saber dicha situación al empleador.-
Como se indicó la LCT solo impone a cargo del trabajador la obligación de información dentro del transcurso de la primera jornada, ni si quiera poniendo a cargo de este la exclusividad de la posibilidad de comunicación, como así tampoco dispone el artículo 209 la obligación por parte del trabajador de la posterior acreditación mediante certificado médico.
Pudiendo realizar la comunicación, por cualquier medio, (teléfono, Fax, Mail, Telegrama, personalmente o cualquier otro medio), a fin que el empleador pueda realizar el debido control del estado de salud al que hace referencia el artículo 210 de la LCT.
El trabajador debe acreditar posteriormente dicha comunicación dentro de la primer jornada, ya que la falta de comunicación en dicho plazo le hará incurrir en una ausencia injustifica, sin pago de salarios por la misma, pese a que pudiera traer un justificativo o certificado médico, ya que omitió la comunicación en tiempo y forma, salvo claro esta una situación de fuerza mayor como se indicara anteriormente.
La Ley de contrato de trabajo en el artículo 210 de la LCT dispone que: “El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador”.
Poniendo a cargo del trabajador la obligación de someterse al control médico que disponga el empleador, a fin de poder constatar este último la dolencia y grado de la misma, como así también la veracidad del hecho que denuncias
Para el empleador el examen médico es facultativo, es decir no es obligatorio, puede realizarlo o no, mientras que para el trabajador ponerse a disposición del empleador es obligatorio pudiendo perder el salario por dicha ausencia en caso de no ponerse a disposición.
Un hecho que suele traer controversias se produce cuando el empleador envía médico a domicilio, no hallando este al trabajador en el mismo, entendiendo la doctrina y jurisprudencia que si la imposibilidad de control se produce por culpa del trabajador, (Ej. Negativa a dejarse revisar), perdería el derecho por dicha ausencia, mientras que si se produjo por motivos razonables y fundados, como ser concurrir a su médico, realizar estudios o tratamientos médicos correspondientes a su dolencia etc., en virtud del principio de buena fe que debe regir entre las partes debería realizarse otro visita.-
Por lo cual frente a la denuncia del trabajador de su estado de salud, el empleador puede someterlo al examen médico correspondiente, debiendo el trabajador ponerse a disposición, y en caso de discrepancias entre el informe del médico del trabajador y del empleador lo conveniente es obrar con prudencia, conviniendo para el empleador buscar una tercera opinión.
Las situaciones de licencias por enfermedad suelen traer para los empleadores y encargados de Recursos Humanos preocupaciones, y dudas de cómo proceder en diferentes circunstancias, por lo cual, es conveniente elaborar por parte de la empresa un reglamento interno, en atención a la facultad de dirección que confiere el artículo 65 de la LCT al empleador, a fin de fijar las pautas de procedimiento frente a las ausencias por enfermedad, en el cual se determine expresamente, entre otras cosas:
• La obligación de comunicar su enfermedad hasta una hora determinada de la jornada de trabajo al efecto de que la empresa pueda controlar mediante su servicio médico, la misma.
• La posibilidad de aplicar sanción por falta de aviso, o negativa a la revisión médica correspondiente
• La Obligación de constitución de un domicilio y actualización del mismo por parte del trabajador a fin de remitir al mismo el médico laboral, como así también las notificaciones que correspondieran.-
• Lugar, domicilio de medicina laboral donde realizar la revisión médica en caso de corresponder
• Otras
Lo cual favorecería mucho el tratamiento del modo de obrar tanto del trabajador como así también del empleador.
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Dr. GABRIEL OVIEDO
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martes, 13 de octubre de 2015

DEUDAS DE ALIMENTOS #AbogadoLaPlata http://www.abogadolaplata.com.ar

Ordenan a empleador que embargue sueldo incluyendo a las horas extras, pero excluyendo las viandas
13-10-2015 De acuerdo al nuevo Código Civil, si no cumple con la orden judicial, puede ser considerado deudor solidario y ser condenado al pago de una multas, que contenga los intereses más altos fijados por la flamante normativa            
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/220856-Ordenan-a-empleador-que-embargue-sueldo-incluyendo-a-las-horas-extras-pero-excluyendo-las-viandas

La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica de los hijos hasta los 21 años, teniendo en cuenta la condición del que la recibe, sus necesidades y las posibilidades económicas del progenitor alimentante. Si estudia, la obligación se extiende hasta los 25 años y comprenderá lo necesario para que pueda seguir educándose.
Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva pero, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por cortos períodos, que se actualicen teniendo en cuenta determinados parámetros (sueldo del padre obligado, inflación que obligue a incrementar la obligación con un porcentaje fijo, etcétera).
Se trata de equilibrar -prudencial y equitativamente- las necesidades del hijo, las posibilidades del demandado y la importancia del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental.
En caso de incumplimiento, si se decidiese embargar el sueldo del deudor que trabaja en relación de dependencia (que no tiene un límite porcentual sino que dependerá de cada caso), el empleador debe hacer caso a la orden judicial, ya que en caso de no hacerlo, será responsable solidariamente de las deuda.
Además, pueden fijarse los intereses más altos que establezcan los bancos y un porcentaje adicional que decida el juez de la causa.
El porcentual debe aplicarse sobre todos los importes efectivamente cobrados por el demandado, aun los denominados no remunerativos.
En caso de reconocer el derecho alimentario puede suceder que el alimentante los pague sin más, o que no lo haga. Y en este último caso, el juez podrá decretar medidas adicionales tendientes a su cumplimiento como, entre ellas, el embargo sobre el salario.
Claro que, quien tiene ese derecho en expectativa a recibir alimentos, debe articular judicialmente un reclamo tendiente a solicitarlos, dirigido hacia la persona que tiene la obligación latente de prestárselos. Una vez terminado el proceso, el juez dictará sentencia haciendo lugar -o no- a los mismos. 
Hace pocos días, la Justicia neuquina dispuso que se comunique al empleador que a los efectos del cálculo de la cuota fijada en concepto de alimentos provisorios se computen los rubros bonificaciones y horas extras, previa deducción de los descuentos de ley y el rubro viandas.
Ello así, pues los descuentos de ley resultan retenciones efectuadas por el empleador en cumplimiento de normas legales de orden público, y más allá de la voluntad que pueda referir el trabajador, no puede integrar la base para calcular la cuota alimentaria.
Para los magistrados, el rubro viandas no integra la base de cálculo para fijar la cuota alimentaria por cuanto esta asignación corresponde al pago que en reemplazo de la vianda diaria le paga la empresa al alimentante para que se alimente los días que está trabajando, por lo que este concepto no debe ser incluido para aplicar el porcentaje de la cuota alimentaria. 
Respecto a las bonificaciones, y las horas extras remarcaron que sí deben integrar la base de cálculo.
Alto incumplimientoHasta el pasado 1 de agosto, el no cumplimiento del embargo podía dar lugar a multas sobre el empleador que no cumpliera con la orden judicial. Sin embargo, según la flamante normativa, una empresa podría ser solidariamente responsable al pago de estas sumas no retenidas.
De acuerdo a los especialistas en Derecho de Familia, el justificativo de este artículo radica en que hay un número importante de deudores alimentarios que no cumple con su obligación, por lo que se compele a los propietarios de las firmas en las que trabajen a que ayuden a la Justicia a hacer que cumpla con su obligación.
Es decir, en el supuesto de no haber realizado la retención y/o depósito solicitado por el juez y, según establecen las reglas de la responsabilidad solidaria, el alimentado podría solicitar a la mismísima empresa el pago íntegro del monto de la cuota alimenataria que corresponda.
Desde ya, como esta obligación sigue en cabeza del padre alimentante, la empresa posteriormente deberá solicitar a su empleado la repetición del dinero abonado, generando esto la necesidad de iniciar un proceso judicial a tal fin.
El artículo 4° del decreto 484/87 establece que los límites de embargabilidad que aquel prevé,no se aplicarán a las deudas alimentarias, por lo que el monto a embargar del salario quedará a criterio del juez, quien deberá fijarlo de modo que permita la subsistencia del alimentante.
Para fijar la cuota los jueces toman en cuenta el nivel de vida de los menores y el caudal económico del alimentante. Esto se debe a que la ley no indica qué porcentaje estipular sino que este monto queda al criterio del juez (oscila entre un 20% y un 30% de los ingresos para los empleados registrados en relación de dependencia).De todas maneras, este criterio cambia cuando los padres tienen gran poder económico, entonces prima el nivel de vida del grupo familiar cuando convivía.
“A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, el nuevo Código establece una serie de consecuencias gravosas tanto para el obligado principal como para terceros obligados a dar cumplimiento con órdenes judiciales”, destaca Leandro Merlo, docente y colaborador de Erreius a iProfesional. 
En tal sentido, se fijan los más altos intereses para el caso de deudas alimentarias. En caso de existir sumas adeudadas y exigibles por alimentos, éstas devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.
Además, el magistrado puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. 
“En esta línea de consecuencias gravosas frente a la omisión de pago de la cuota, se establece que los empleadores que no den cumplimiento a embargos o retenciones directas de cuotas alimentarias serán solidariamente responsables del pago de aquélla”, agregó el especialista.
De acuerdo con los expertos en derecho de familia consultados por iProfesional, se ha incrementado notablemente el número de demandas por alimentos, incluyendo pedidos de actualización. 
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sábado, 10 de octubre de 2015

Los bancos no podrán alegar "caso fortuito" por robo de cajas de seguridad pero sí limitar su responsabilidad. #AbogadoLaPlata htpp//www.abogadolaplata.com.ar

LEGALES
Jueves 08 de Octubre de 2015 15:28:00
Los bancos no podrán alegar "caso fortuito" por robo de cajas de seguridad pero sí limitar su responsabilidad
08-10-2015 Un juez ordenó indemnizar a los damnificados por un robo a los cofres de particulares ocurridos en la sucursal Belgrano del Banco Provincia. Expertos advierten que las "cláusulas limitativas" estipuladas en el nuevo Código Civil se deberían tener por "no escritas" por vulnerar derechos de clientes
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/220774-Los-bancos-no-podrn-alegar-caso-fortuito-por-robo-de-cajas-de-seguridad-pero-s-limitar-su-responsabilidad

 En la actualidad, muchas familias prefieren que sus bienes más preciados, documentos importantes y dinero se encuentren resguardados en una caja de seguridad.
A cambio de este servicio que ofrecen los bancos en las bóvedas de sus sucursales y casas centrales, los clientes pagan un costo determinado por cada entidad, en función del tamaño dek cofre y su ubicacióm geográfica.
Este sistema creció exponencialmente en Argentina. Ya se cuenta en todo el país con unas 500.000 cajas, y se está operando a un nivel cercano a la plena ocupación.
El costo de mantenimiento de este servicio es muy alto en relación a otros países, por lo que aquella persona que elija depositar bienes en una caja de seguridad, deberá hacer frente a una erogación que, en mayor o menor medida, le hará perder parte de su capital.
Pero para muchos de ellos no importa tanto el costo de oportunidad de dejar el dinero inmovilizado. Lo que prima es la tranquilidad que ofrece el hecho dejarlo en una entidad bancaria.
Sin embargo, un cofre no necesariamente es una garantía infalible de que las pertenencias no puedan ser robadas.
Cuando ello ocurre, estas relaciones contractuales se ponen en jaque, dado que los bancos suelen exigir muchas pruebas respecto del contenido de los cofres antes de reconocer que deben pagar un resarcimiento. Y a partir del nuevo Código Civil pueden ponerle un tope -informado previamente- a su responsabilidad.
Así, a la hora de hacer valer un reclamo, el escenario se puede tornar dificultoso para los clientes. En consecuencia, los juicios se terminan resolviendo tomando en cuenta las respectivas pruebas aportadas a la causa y el criterio del magistrado interviniente.
En ese contexto, se dio a conocer un fallo que condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a pagarle 97 mil dólares más intereses a tres titulares de cajas de seguridad robadas por boqueteros, durante un asalto ocurrido en una sucursal de Belgrano en 2011.
El fallo fue dictado por el juez en lo Comercial 10 Héctor Chomer, quien aplicó el nuevo Código Civil. Los damnificados reclamaron perjuicios materiales, morales y psicológicos sufridos por el robo.
Los clientes argumentaron que el banco no contaba con las suficientes medidas de seguridad y por eso se concretó el robo. La entidad se defendió argumentando que se trató de un caso fortuito. 
El juez consideró que “el objeto del contrato de caja de seguridad es justamente alejar o eludir, por más espectacular que sea el robo, el peligro que implica la posibilidad de que el mismo acontezca".
En su resolución, señaló que "el robo de una caja de seguridad no puede ser considerado como un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor".
Para hacer lugar al reclamo, el juez tuvo en cuenta a las declaraciones de los testigos de las operaciones que originaron los montos depositados, conocidos de los titulares que los acompañaron a depositar objetos en la caja y comprobantes de la compra de divisas extranjeras.
Qué establece el nuevo Código Civil
El prestador de una caja de seguridad (es decir, el banco) será el que deba responder frente al usuario por:
- La idoneidad de la custodia de los locales.
- La integridad de las cajas de seguridad.
- El contenido de los cofres.
Además, se tendrán en cuenta las expectativas creadas en el cliente que contrató el servicio.
Pero existirá un límite: el banco no responderá por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
Un punto clave a destacar de la flamante normativa tiene que ver con las llamadas cláusulas limitativas. Así, resultará válida la que limite la responsabilidad del banco hasta un monto determinado. Pero esto sólo sucederá en la medida en que la entidad hubiera notificado debidamente al usuario acerca del mismo.
Este punto es muy importante porque ya no quedaría librado al criterio judicial el monto que se podría reclamar y, consecuentemente, el que se reconocería como resarcimiento en caso de robo, dado que ya estaría estipulado de antemano el límite hasta el cual respondería la entidad bancaria frente a este ilícito.
El texto también establece que si los usuarios del servicio fueran dos o más personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tendrá derecho a acceder a la caja. También señala que la prueba del contenido de los cofres "podrá hacerse por cualquier medio".
La profesora Nydia Zingman de Domínguez, colaboradora de elDial.com, considera que, con el nuevo Código, "en el contrato de cajas de seguridad, el banco no se obliga a nada (o sólo a un tope autodeterminado arbitrariamente por él), ya que estaría dispensándose de responsabilidad en caso de inejecución de su principal obligación”.
Sobre ese punto, explica que “se trata de un contrato por adhesión y en todos los casos de cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad se altera en perjuicio del adherente el equilibrio entre las prestaciones recíprocas”.
De esta forma, podría ocurrir que los bancos contraten seguros hasta el tope de su responsabilidad autoestablecida en los "formularios", en lugar de invertir en medios idóneos de seguridad que impidan robos y hurtos de los cofres que contienen los valores de los clientes.
Para Zingman de Domínguez, en este caso, debería quedar establecido en el Código que la responsabilidad del banco sea objetiva y no debería responder solo por caso fortuito externo a su actividad -como un incendio no intencional o una inundación- o por vicios propios de las cosas guardadas. Es decir, al cliente le tendría que bastar con probar el incumplimiento, sin tener que demostrar la culpa o el dolo del banco.
Por otro lado, sostuvo que lo ideal sería que la cláusula que exima o limite de responsabilidad al prestador ya sea expresa y ostensible o derivada de fórmulas indirectas y/o ambiguas se tenga por no escrita, porque desnaturaliza las obligaciones del prestador y se podría considerar que en este contrato “el banco no se obliga a nada o a poco ya que está dispensando su responsabilidad en caso de inejecución de su principal obligación”.
“¿Es que acaso se está autodispensando de su eventual conducta dolosa o derivada de su negligencia profesional la entidad bancaria y la ley lo estaría validando?”, cuestionó la especialista.
Por otro lado se preguntó si a partir de ahora todos los jueces que en sus sentencias calificaron de abusiva la limitación contractual de responsabilidad, deberían cambiar su pensamiento porla inserción “desafortunada” de esta norma aplicándola en forma aislada del resto del ordenamiento jurídico.
“Carece de seriedad aceptar esta postura que además llevaría a los bancos a contratar seguros menos costosos que la inversión en seguridad; ello en desmedro de una prestación eficiente del servicio de seguridad activa a los usuarios del servicio bancario, agregó.
La importancia del escribano
Justificar el contenido del interior de los cofres es uno de los típicos problemas para los clientes que fueron víctimas de un robo o hurto.
De acuerdo a los expertos, en general, no hay pruebas directas y se debe recurrir a indicios y, en muchos casos, el cliente no puede comprobar la totalidad de lo depositado en el cofre de seguridad.
Esto remarca la importancia de constatar lo depositado en la caja. Para ello, puede recurrirse al acta notarial, si las sumas son importantes, ya que indican que el costo de dicho acto justifica ahorrarse inconvenientes probatorios en el futuro.
En primer lugar, se debe realizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. A estos fines, se deben detallar los bienes sustraídos y, para ello, la víctima deberá estar acompañada de un abogado.
Una vez formulada la denuncia, es posible solicitar una reunión con los representanteslegales de la entidad, si la intención es lograr un acuerdo extrajudicial.
Si el acuerdo fracasara o bien si esa no fuera la intención del cliente, éste puede recurrir a la Justicia para efectuar un reclamo.
En este sentido, es importante destacar que la carga de la prueba del daño pesa sobre los propios damnificados por el ilícito. 
Para ello, es posible presentar diversos elementos de prueba que acrediten el contenido de los cofres, entre los que se destacan:
• La declaración de testigos (incluso familiares y amigos).
• Constancias que validen la venta de propiedades en épocas anteriores y recientes al robo.
• Registros de ingresos del cliente a la caja de seguridad.
• Fotografías de eventos sociales en que el perjudicado lucía alguna joya que pudiera haber dejado en custodia en el cofre.
• Declaraciones juradas presentadas ante el fisco, que contemplen los bienes sustraídos.
• Constancias de recientes compras de dólares.
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